El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart rechazó este jueves intervenir en la denuncia que la Coalición Cívica presentó esta semana por presunto lavado de dinero por una mansión en la localidad bonaerense de Pilar que sería del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, a través de testaferros.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que López Biscayart se declaró incompetente y le devolvió el expediente al juez federal Daniel Rafecas, el primero en intervenir pero que entendió que no era la justicia federal la que tenía que llevar el caso, sino la Penal Económico.

Ante esa disidencia, y si Rafecas mantiene su postura, la decisión final sobre qué juez estará a cargo de la causa será de la Cámara Federal de Comodoro Py. Hasta tanto no haya una resolución, la causa no tiene un juez que la investigue.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los legisladores Juan Facundo del Gaiso y Matías Yofe denunciaron un posible lavado de dinero en la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, de 105.384,80 metros cuadrados que está a nombre de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, a través de la empresa «Real Central S.R.L».

Señalaron que la casa cuenta con «autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto e instalaciones deportivas múltiples» y expusieron que ni Pantano ni Conte tienen la capacidad económica para esa adquisición.

Conte hasta el 2012 había sido monotributista, en el 2020 percibió el beneficio social otorgado de ANSES «Ingreso Familiar de Emergencia» y en 2021 se jubiló. Por su parte, Pantano estuvo registrado como monotributista y con deudas bancarias. Además de estar vinculado a la AFA de Tapia: había sido presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, desde el 31 de mayo del año 2021, y en marzo del 2022 asumió el cargo de Protesorero del Club Almirante Brown.

«Existen versiones públicas (periodísticas y en las redes sociales) que indicarían que el inmueble y los bienes mencionados –autos de colección y caballos de carrera, etc- podrían pertenecer o estar vinculados al señor Claudio «Chiqui» Tapia, lo que refuerza la necesidad de investigar el origen y la trazabilidad de dichos activos», sostuvieron en la denuncia.

La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y por sorteo recayó en el juzgado federal 6, que subroga Rafecas. El magistrado entendió que el caso debía ser investigado por la justicia en lo Penal Económico. Así, se declaró incompetente y envió la denuncia a ese fuero.

Allí, también por sorteo, le tocó al juzgado Penal Económico 10, que está vacante y es subrogado por el juez Marcelo Aguinsky pero que se encuentra de licencia hasta mediados de mes, por lo que hasta su regreso es reemplazado por López Biscayart.

El juez entendió que no correspondía a ese tribunal intervenir.

En su resolución, a la que accedió Clarín sostuvo que en muchos casos la justicia Penal Económico interviene en casos de lavado de dinero pero no es un criterio unánime. «Que, en el caso, no se investiga una infracción tributaria o aduanera conexa que pudiera traccionar la competencia hacia este fuero, sino una maniobra de lavado de activos. Por ende, la inobservancia de las reglas de competencia acarrearía la nulidad de lo actuado», sostuvo en su resolución.

Así, también se declaró incompetente y devolvió la denuncia al juzgado de Rafecas. Si el juez mantiene su postura de no intervenir remitirá la pelea de competencia a su tribunal superior, la Cámara Federal, para que defina cuál de los dos juzgados interviene.