Sep 15, 2022 URGENTE YA NOTICIAS Internacionales 0
“Quien salva un lobo, sacrifica a las ovejas”, expresó Bukele. “Aunque algunos gobiernos y ONG nos ‘exigen’ proteger a los pandilleros, nosotros estamos para proteger a la población honrada, que por primera vez en décadas, puede sentir lo que significa vivir verdaderamente en paz. Seguimos…”, publicó este miércoles en su Twitter.
Según el comparativo que realiza la Policía Nacional, en la misma fecha del 2018 se registraron seis homicidios; hubo un caso en 2019, cinco en 2020 y tres en 2021.
El Salvador se encuentra en estado de excepción desde el 27 de marzo de este año tras una ola de asesinatos que dejó 87 víctimas en un fin de semana. En ese entonces, Nayib Bukele le pidió a la Asamblea Nacional que se aprobara el régimen de excepción por 30 días para «restablecer el orden y la seguridad ciudadana». La norma prorrogada el 19 de julio por cuarta vez.
La medida afecta los derechos a asociarse, a que una persona sea informada de las razones por las que es detenida, que la prisión por averiguación no puede exceder las 72 horas y que la correspondencia es inviolable.
El régimen de excepción ha sido cuestionado por organizaciones salvadoreñas e internacionales. Según medios locales, 63 personas murieron en los penales desde el anuncio de la medida, aunque no se cuenta con cifras oficiales.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, registró 1.931 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el régimen. Asimismo, la organización de derechos humanos Cristosal aseguró que el 65% de las 808 denuncias que recibieron de capturas involucra a personas de las que se desconoce el paradero, por lo que podrían calificarse como casos de desapariciones forzadas.
Una investigación periodística del medio El Faro ratificó la existencia de negociaciones entre Bukele y las pandillas y que la ruptura del pacto culminó en la matanza de 87 personas.
Bukele -un milenial de 40 años que goza de amplio apoyo popular desde que llegó al poder en junio de 2019- e hizo de la seguridad un eje de su campaña- también decretó “emergencia máxima” en todas las cárceles, donde permanecen más de 17.000 de los 70.000 miembros de las pandillas que viven en El Salvador. “Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio”, escribió el mandatario y agregó un “mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus ‘homeboys ‘ [compañeros presos] no podrán ni ver un rayo de sol”. En el mismo hilo: “tenemos 16.000 ‘homeboys’ en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también”.
El presidente aseguró el racionamiento de alimentos en prisión. “Si la ‘comunidad internacional’ está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida, porque yo no le quitaré presupuesto en las escuelas para darles de comer a estos terroristas”, sentenció ante previsibles objeciones a sus medidas. Como la declaración de Juan Pappier, de la División de las Américas de Human Rights Watch:“Urge que el Gobierno proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los DDHH (Derechos Humanos). La política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de Derecho”.
Tampoco será la primera ni la última vez que Bukele – quien asumió el poder con un respaldo indubitable: no sólo venció en primera vuelta, sino que el segundo candidato más votado, el también empresario, derechista y opositor Carlos Calleja estaba 20 puntos debajo de él- sea señalado por la oposición por sus actitudes “autoritarias”. El primer mandatario conserva altos índices de popularidad en su país aunque la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal fue resistida por parte de algunos sectores.
Washington le ha reprochado no respetar la separación de poderes, cuando el 1 de mayo el oficialismo dejó prueba de su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y destituyó a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal de El Salvador, y luego, al Fiscal General de la Nación, y repuso las vacantes así generadas.
En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a dos funcionarios de su Gobierno –el viceministro de Justicia y director de prisiones Osiris Luna Meza, y el director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia por presunta negociación con pandillas para que apoyaran al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021.Según la acusación, a cambio, las pandillas obtuvieron dinero del Gobierno y privilegios para sus jefes presos. Bukele – quien desplazó totalmente del poder a los partidos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) –heredera de los militares represores de la guerra civil- y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN)- de la guerrilla reprimida- que se alternaron en el poder durante las tres décadas que siguieron a los acuerdos de paz de 1992 – no dudó en declarar que la incriminación era “una mentira”.
El Faro, el periódico en línea más importante de la nación centroamericana, abiertamente crítico con la gestión bukelista, y que ha investigado a fondo las presuntas negociaciones secretas entre el Presidente y las cúpulas de las pandillas, sostiene que el aumento de los asesinatos se debería al incumplimiento de las promesas del gobierno. Aunque es difícil determinar qué grado de diálogo hubo o hay entre el gobierno de Bukele y los líderes de las maras.
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