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- ALERTA II desde la madrugada del jueves, se prevé que reine la inestabilidad. Por eso está vigente un “alerta amarillo” ante la posibilidad de tormentas. El mismo incluye a todo el norte y centro provincial, extendido al este y el oeste. En ese sentido, se espera que haya “intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos”.
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Clausuraron un local que vendía carne de carpincho e imputaron a la dueña por crueldad animal
Un local de embutidos ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo fue clausurado durante la mañana de este miércoles a raíz de la la venta ilegal de carne de carpincho y chivito, especies protegidas por un régimen especial de comercialización.
El operativo que estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, se realizó en el marco de una causa impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA).
La inspección se llevó a cabo en un establecimiento ubicado en avenida Corrientes al 4600, donde los agentes hallaron frascos de conservas de carne de carpincho y chivito. Según fuentes policiales, se sospecha que los productos provienen de caza furtiva, ya que estos animales no pueden ser comercializados sin cumplir estrictas regulaciones.
Además, los envases exhibían el mismo número de Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), lo que generó sospechas sobre su origen y legalidad. Por esta irregularidad, las autoridades ordenaron el secuestro de tres frascos de chivito y dos de carpincho.
Tras el procedimiento, la responsable del local fue imputada por comercio y tenencia ilegal de subproductos de fauna silvestre, así como por actos de crueldad animal. La normativa vigente prohíbe la comercialización de carne de especies protegidas sin la debida habilitación y certificación de origen.
El operativo contó con la participación de diversas áreas del Gobierno de la Ciudad, incluyendo la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) y la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHYSA).
El caso sigue bajo investigación, y las autoridades buscan determinar el origen de los productos incautados y si existen otras redes de comercialización involucradas.
Antecedente
En septiembre del último año, una serie de inspecciones concluyeron con cinco locales clausurados en la Ciudad de Buenos Aires, dado que se dedicaban a la cría y el comercio ilegal de especies marinas. Según le informaron fuentes policiales a Infobae, durante el procedimiento se secuestraron más de mil corales, cuyo valor en el mercado en negro es de $400 millones.
Los responsables de los comercios fueron imputados por infracción a la Ley de fauna y silvestre y ejercicio de actividad sin habilitación. Para tener una referencia, en acuarios bonaerense se consiguen corales desde 5.000 hasta 550.000 pesos. Los más vendidos, por caso, se cotizan de 50.000 a $400 mil.
Todo surgió en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), en la que se descubrió que los negocios que se clausuraron en las últimas horas simulaban ser acuarios. Bajo esta fachada, operaban ilegalmente.
Las inspecciones estuvieron a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y fueron llevadas a cabo junto al Departamento de Delitos Ambientales de la PFA. Así, durante los controles, se encontraron diversos animales: corales, estrellas de mar y peces cartilaginosos protegidos como las rayas, detallaron las fuentes.
Las especies fueron reconocidas por los biólogos del Departamento de Delitos Ambientales que integraron el procedimiento, la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y otros organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
A su vez, secuestraron más de 1200 corales de diversas especies. Según la información aportada por las fuentes, se estima que su valor en el mercado negro ronda los 400 millones de pesos.
Finalmente, el fiscal Carlos Rolero Santurián, quien está a cargo de la UFEMA, imputó a los cinco responsables de los negocios por infracción a la Ley de fauna silvestre y por ejercicio de actividad sin habilitación.
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